El objetivo del Gobierno es doble o quizá triple. Por un lado, atender la creciente demanda de viviendas, un déficit de 1,6 millones de unidades en todo el país y más de 2 millones con problemas estructurales. Pero, además, busca impulsar la construcción de viviendas en madera, lo que beneficiará a toda la cadena de valor forestoindustrial, y contribuir al desarrollo de las economías regionales vinculadas a la actividad.

Hace dos semanas el Gobierno convocó a una mesa sectorial de construcción en madera, integrada por cámaras empresariales, los gremios de la actividad, el sector financiero y organismos técnicos. La iniciativa es impulsada por los ministerios de Agroindustria; de Interior, Obras Públicas y Vivienda; y de Producción.

“Parte de la responsabilidad que asumimos pasa concretamente porque un porcentaje de las viviendas sociales que vamos a financiar, sean licitadas en madera”, afirmó el ministro del Interior Rogelio Frigerio durante la reunión.

El objetivo es incluir en el Plan Nacional de Vivienda la construcción de viviendas sociales en madera, con un cierto cupo y financiadas con recursos del Estado. Pero además, se pretende ampliar a este tipo de unidades las líneas de créditos hipotecarios (UVA, ProCreaAr), para que puedan calificar a préstamos de largo plazo, algo que hoy no es posible por los seguros, falta de normativas y detalles sobre la calidad mínima de las construcciones.

El Banco Nación ya modificó una resolución interna para poder considerar como inmuebles a las viviendas de madera y ser sujetos de crédito. También participarían los bancos Provincia, Ciudad e Hipotecario, y se espera sumar otros bancos privados, siguiendo lo ocurrido con los créditos UVA.

Pablo Güiraldes, director nacional de Desarrollo Urbano, sostiene que “el objetivo es que el sector forestal y toda la industria participe del crecimiento de la construcción y que la madera sea un actor importante”. Ya circula un borrador de acuerdo sectorial, fijando compromisos para cada parte, que se firmaría a mediados de agosto.

“El impulso a las viviendas en madera es una gran oportunidad”, destaca Cristian Gruber presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) y agrega que “el mercado está deprimido, hay sobreoferta de materia prima y se ha esfumado la rentabilidad”.

El cupo en danza

El punto central del acuerdo es el cupo de casas de madera que se construirán con fondos públicos. Si bien aún no hay precisiones, extraoficialmente se habla de 10.000 unidades, poco menos del 10% del total de 120.000 que contempla el Plan Nacional de Vivienda hasta 2019. Antes de definir el cupo el Ejecutivo quiere saber cuál es el potencial productivo del sector forestal y la industria maderera local.

“El cupo para casas construidas en madera es muy importante para el sector, tiene un efecto multiplicador a nivel regional y para la industria compensa la caída del mercado interno”, asegura Pedro Reyna, secretario general de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). Según la entidad, la producción maderera cayó 10,2% en 2016, pero comenzó a recuperarse en el primer trimestre del año.

El consultor Daniel Maradei asegura que el país tiene “una altísima eficiencia en tierras y la industria tiene materia prima disponible”. La cuestión es la escala de la industria local, que le quita competitividad. Mientras un aserradero promedio en Canadá produce 90.000 toneladas mensuales, en Argentina llega a 10.000 toneladas.

Desde ASORA, entidad que agrupa a fabricantes de máquinas para el sector, su titular Osvaldo Kovalchuk señala que “el compromiso del Estado con la construcción en madera, mueve toda la cadena” y admite que “se está pidiendo tomar la decisión y empezar”. Al respecto, destaca la disponibilidad de líneas de crédito para comprar equipos de 16 bancos públicos y privados, con tasas subsidiadas del 4% al 6% para pymes (quedan entre 13% y 16%).